Estamos a unos cuantos días de recibir la propuesta del Ejecutivo en materia de ingresos y presupuesto. Desde ahora escuchamos voces que piden bajar impuestos o bien aumentar el gasto significativamente.

Algunas otras, en contrario, dan cuenta de la imperiosa necesidad de fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia, e incluso de asumir la corresponsabilidad para revisar y reconocer programas y políticas públicas que han demostrado ser regresivas, es decir, favorecer a sectores y grupos cuyo propósito más importante es preservar prebendas y privilegios, con escaso o nulo beneficio para los más pobres.

En un país con grandes carencias, profundas brechas de desigualdad y demanda creciente de empleos, el debate central debiese ser, en consecuencia, no propuestas con supuestos efectos electoreros a futuro o de protección a unos cuantos, sino acerca de cuál debe ser la apuesta principal del presupuesto: ¿apoyar el crecimiento y promover con incentivos correctos la inversión, el espíritu emprendedor, la rentabilidad por el esfuerzo e innovación, la movilidad social y la superación de la pobreza?

O bien, ¿un presupuesto que responda a la coyuntura, las inercias, el pasado y la ampliación del gasto sin sustento, pretendiendo a la vez, la reducción de ingresos, la opacidad y la preservación de asignación de recursos para grupos que por décadas han vivido y logrado sus ingresos no del esfuerzo y la sana competencia, sino del trabajo de otros y de los impuestos que millones pagan con gran empeño y sacrificio?

Este camino ya lo conocemos y hemos pagado sus consecuencias: deuda, déficit, devaluaciones, inflación, pérdida de ahorros, pérdida de patrimonio y más pobreza. La recesión del 2009 arrastró a todo el mundo, y con mayor fuerza a los países con una relación comercial más estrecha con Estados Unidos. En México se decidió enfrentar esta crisis que llegó de fuera con todas las herramientas disponibles y con responsabilidad. No es inteligente poner en riesgo el proceso de recuperación con medidas que pueden hacernos retroceder una vez más como en el siglo pasado.

Es cierto que el régimen fiscal demanda una revisión a fondo. Es impostergable responder las exigencias de desregulación y eliminación de tramitaciones y obstáculos que expresan contribuyentes responsables, quienes enfrentan múltiples trámites y complejos procedimientos para el pago de sus impuestos.

Es inaplazable reforzar los sistemas de recaudación y vigilancia para evitar la evasión fiscal y acabar con la impunidad de quiénes defraudan al fisco. Nuestro país continúa teniendo un presupuesto que tiene un alto componente de ingresos dependientes de la venta de petróleo, que se están agotando y que dependen de factores externos que fijan la demanda y su precio.

Reconocemos los esfuerzos recientes de la autoridad hacendaria por facilitar a miles de contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones y trabajaremos como Grupo Parlamentario para seguir desregulando y eliminar así costos y tiempos perdidos que en nada aportan al crecimiento de la economía.

El Ejecutivo ha anticipado que no habrá alza a los impuestos. Los legisladores de Acción Nacional damos la bienvenida a esta resolución, porque antes de ajustar al alza los impuestos, o bien pretender establecer algunos otros, debemos darnos a la tarea de eliminar costos de transacción y de tomar decisiones que abonen a la generación de riqueza.

Por el contrario, debe señalarse que las propuestas que claramente se hacen con supuestos efectos electoreros a futuro y que pretenden afectar los ingresos fiscales del Estado y a la vez aumentar gasto, sin reconocer la urgencia por abrir espacios para la rendición de cuentas que hasta ahora ha sido limitada en muchos espacios de poder local, son una condena anticipada de mayor pobreza, inequidad, y beneficio para unos cuantos. Son preludio de una economía sin equilibrios responsables y el retorno a épocas de pérdida de patrimonios y altos endeudamientos. Es justo la promoción de un legado de pobreza e inequidad.

Es urgente profesionalizar el gasto, a nivel federal y estatal para asegurar efectivamente el crecimiento y bienestar. El país ya no tolera más desvíos, gasto inútil y, sobre todo, dispendio.

En materia de gasto, existen rubros cuantiosos que no colaboran lo suficiente a la ampliación de oportunidades y a la generación de riqueza. El presupuesto actual aún contiene la inercia de compromisos y privilegios y están ausentes muchos cambios de fondo y reformas pendientes.

Miles de millones de pesos presupuestados sólo responden a la regularización de gastos históricos al margen de evaluaciones serias y de rendición de cuentas. De hecho, una de las discusiones ya recurrentes es el intento una y otra vez de continuar descentralizando el gasto, pero a la vez acompañado de la pretensión de eliminar “candados” y normas que impiden el manejo discrecional de recursos públicos por gobiernos en estados y municipios.

Muchas horas se invierten cada año en continuar garantizando espacios de opacidad y discrecionalidad, en lugar de reconocer y resolver la necesidad de un mejor destino del gasto. Por San Lázaro desfilan cabilderos, presiones de ejecutivos locales, reclamos de organizaciones que sólo existen a la luz del presupuesto y asesores de grupos empresariales que abogan por abrir mercados y generar competencia a otros, por supuesto siempre y cuando sus intereses queden a salvo.

No es casual que el decreto que regula el presupuesto, que debiera garantizar su eficacia y transparencia, se haya convertido ahora en una pieza de fuerte debate y tensiones. No es casual que año con año tengamos que enfrentar las propuestas que determinan eliminar los lineamientos que obligarían a la transparencia y la rendición de cuentas en el gasto de todos los órdenes de gobierno.

El presupuesto de egresos de la federación que aprobamos en la Cámara de Diputados para este año asciende a poco más de 3 billones 176 mil pesos. De este presupuesto, 419.3 miles de millones de pesos se destina a entidades federativas y municipios como Aportaciones Federales, que deben ser transparentadas y fiscalizadas por la Auditoría Superior de la Federación

Sólo en la medida que el presupuesto apueste al crecimiento y la equidad, lograremos que los impuestos pagados por millones de mexicanos sean incentivos para la prosperidad, para una agenda de justicia para los más pobres, para la generación de empleos y para que los beneficios sean para millones de mexicanos, vía mejores servicios, políticas públicas promotoras de ingreso, fortalecimiento del sistema de justicia, entre otros propósitos indispensables.

El equilibrio fiscal es condición necesaria para garantizar estabilidad y certeza económica, pero no como objetivo en sí mismo: tanto ingreso como gasto público son medios para promover el desarrollo.

El presupuesto debe marcar rumbo y resolver para muchos, con responsabilidad y apuestas de modernidad. No sólo responder a unos cuantos, al margen de contrapesos y con ausencia de consecuencias frente a un mal uso del gasto.

En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional no creemos en los ofrecimientos que se hacen pensando en supuestos efectos electorales. Por el contrario, Nuestro compromiso es con la responsabilidad y la rendición de cuentas. Frente a quienes pretenden mantener a México en un pasado de opacidad y extracción de rentas, nuestro compromiso es con el futuro.

En México inicia este lunes un encuentro de jóvenes de todo el mundo, dentro de la Conferencia Mundial de la Juventud 2010, auspiciada por el Gobierno de México y la Organización de las Naciones Unidas.

A cinco años de cumplirse el plazo pactado por los gobiernos del mundo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Conferencia representa un magnífico espacio de discusión, reflexión e intercambio de ideas sobre la satisfacción a los derechos de los jóvenes, el papel que deben jugar en el avance social, así como el papel de las instituciones frente a este importante grupo en nuestros países.

Tanto organismos gubernamentales como de la sociedad civil dialogarán sobre la impostergable responsabilidad de alcanzar transversalidad de las políticas públicas para los jóvenes en las agendas de los gobiernos nacionales y locales.

También analizarán cuáles son las mejores iniciativas para respaldar e impulsar sus derechos, así como qué experiencias deben promoverse políticas de los jóvenes con los jóvenes, como agentes de su propio desarrollo, como personas y como ciudadanos que pueden participar y decidir.

Pero las voces más importantes que vamos a escuchar son las de los mismos jóvenes. Plantearán las demandas y anhelos que por tantos años no hemos atendido suficientemente.

La juventud es un actor protagónico en los procesos de transformación.

Estamos frente a una nueva generación de jóvenes mexicanos, con niveles más altos de educación en comparación con sus progenitores, que nacen al ejercicio de la ciudadanía política con un nuevo bagaje cultural, renovada mentalidad social y personal; que han crecido en un contexto de transformaciones políticas, con pluralidad; que han crecido en el marco de rápidas transformaciones en todos los ámbitos de la vida.

Los jóvenes constituyen un puente hacia lo nuevo y tienen la fuerza para ser el motor de las innovaciones que requiere el país.

Pero los jóvenes en México viven hoy una etapa de grandes deseos pero también de gran incertidumbre. Dentro de las principales ambiciones de los jóvenes mexicanos se encuentra lograr su independencia, lo cual implica salir de la casa de sus padres, tener acceso a una vivienda propia y ser autosuficiente económicamente.

Sin embargo, también tienen una gran incertidumbre acerca de lo que podrían esperar del futuro. Para uno de cada cinco destaca como principal temor en la vida el no conseguir un trabajo. El 50% de los jóvenes opina que el futuro es tan incierto que prefieren vivir al día.

Porque de los 34 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años de edad -el número más alto en nuestra historia- 22% no estudian, ni trabajan remuneradamente, principalmente mujeres que realizan trabajo en el hogar.

Junto a estas agendas de lo educativo y de las oportunidades laborales vinculadas al crecimiento de nuestra economía, necesitamos considerar la agenda de salud: cada año se presentan 400 mil embarazos de adolescentes en México.

En las zonas urbanas, 12% de los adolescentes son fumadores y uno de cada tres hombres o mujeres adolescentes presentan sobrepeso y obesidad, lo que en su edad adulta implicará altos riesgos de padecimientos cardiacos o diabetes. Y también debemos analizar la dimensión de la violencia, como la  que ocurre en la mitad de los noviazgos juveniles, ya sea como agresiones verbales o físicas.

Los jóvenes demandan espacios para desarrollar expresiones culturales, exigen no ser discriminados por su forma de vestir, reclaman justicia. A pesar de que sus necesidades han recibido mayor atención, los jóvenes siguen estando marginados y olvidados en muchas partes de México.

Y aunque siguen manteniendo esperanza en la democracia y 8 de cada 10 opina que ésta puede tener problemas pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno, estamos obligados a dar señales de una actitud dialogante y constructiva y a hacer de la política una actividad que genere bienes públicos y no encono y confrontación, porque si algo molesta a los jóvenes es el desacuerdo y el conflicto.

Así, 4 de cada 10 opina que nuestra democracia promueve debates insustanciales e indecisión, y 30% estima que la política no contribuye a mejorar el nivel de vida los mexicanos.

Nuestro compromiso Legislativo

Ante este panorama, es indispensable desarrollar nuevas -nativas que regresen a éste grupo de la sociedad su confianza en el porvenir.

Los legisladores tenemos cita a partir de este próximo 25 de agosto, cuando inician los trabajos del Foro Legislativo Mundial sobre Juventud y contamos con una oportunidad sin precedentes para escuchar con atención las voces de los jóvenes.

En nuestra reciente reunión en San Luis Potosí, los diputados de Acción Nacional definimos como parte de nuestra agenda legislativa una serie de compromisos para ampliar las oportunidades de los jóvenes y cerrar las brechas de desigualdad que prevalecen:

·       Promoveremos la aprobación de la Modificación Constitucional en materia de juventud presentada el pasado mes de abril y avalada por los distintos grupos parlamentarios, que tiene el objetivo de garantizar a los jóvenes el respeto de sus derechos, y facultar expresamente a este Congreso para legislar en la materia.

·        Seguiremos impulsando la reforma laboral que permitirá crear mayores empleos, mejores salarios y prestaciones para los jóvenes, con flexibilidad para que puedan seguir estudiando.

·       Promoveremos reformas en materia de educación media superior que genere mayores espacios educativos.

·       Actualizaremos las leyes que rigen al INFONAVIT y al FOVISSSTE, para que a los jóvenes se les otorguen créditos flexibles para vivienda.

·       Fomentaremos cambios en materia de seguridad jurídica, para que los jóvenes reciban prioritariamente información, orientación y defensoría jurídica.

·       Vigilaremos que se apruebe la iniciativa de Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas para erradicar la trata de personas jóvenes.

·       Trabajaremos por concretar una Ley Federal de Justicia para Adolescentes, para establecer mayores garantías de seguridad y justicia a las y los jóvenes.

Y garantizaremos que en el Próximo Presupuesto de Egresos de la Federación se asignen con responsabilidad recursos para seguir ampliando la cobertura y la calidad de la educación media superior y de las universidades y tecnológicos públicos, así como para que se dispongan de becas educativas.

La agenda de los jóvenes requiere de instituciones del Estado Mexicano fuertes y consolidadas. Por ello, impulsaremos la actualización a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Y dada la complejidad y urgencia por prevenir las amenazas de las adicciones, de la violencia del crimen organizado, del horror del suicidio, dada el compromiso por ampliar con decisión las oportunidades para los jóvenes, analizaremos con toda responsabilidad la conveniencia de crear la Ley Nacional de Juventud.

Seamos claros: los jóvenes son la fuerza viva del futuro.

Posponer la respuesta a sus demandas es injusto, insensato e irresponsable. Invertir en ellos y procurarles las mejores posibilidades de desarrollo y bienestar es un imperativo no sólo inteligente, sino obligatorio.

A partir del 15 de agosto, los diputados federales del PAN nos dimos cita en San Luis Potosí para celebrar nuestra Reunión Plenaria y definir la agenda legislativa que seguiremos en el primer periodo de sesiones del segundo año de ejercicios de la LXI Legislatura.

Es una agenda que nos ha permitido debate, que nos ha permitido una importante unanimidad en general en los temas sustantivos que marcarán, sin duda, el rumbo, los trabajos y las definiciones del próximo periodo de sesiones y también en el resto de esta LXI Legislatura.

Los legisladores de Acción Nacional estamos conscientes de que la percepción de los ciudadanos y sus organizaciones es porque en ocasiones el trabajo de los legisladores resulta poco eficaz, lo que conlleva a una falta de confianza de los mexicanos hacia sus representantes.

Por ello, las diputadas y los diputados de Acción Nacional aceptamos el compromiso de contribuir a la modernización institucional del país mediante el fortalecimiento de las atribuciones de los Poderes de la Unión, su organización, la transparencia y rendición de cuentas en los tres órdenes de gobierno e instituciones públicas, la normatividad electoral y los derechos ciudadanos encaminados a generar mejores condiciones de participación en los asuntos que conciernen a todos, así como mejorar la relación entre gobernantes y gobernados.

Esta agenda cuenta con 116 propuestas legislativas que abarcan ocho puntos que a continuación comparto con ustedes.

1.     Democracia y buen gobierno

2.     Seguridad y Justicia

3.     Política Exterior y Derechos Humanos

4.     Economía Pública

5.     Medio ambiente y recursos naturales

6.     Juventud

7.     Campo

8.     Política social

1.- Democracia y buen gobierno

El empoderamiento de los ciudadanos es un tema esencial, por lo que refrendaremos el impulso a:

·        Las candidaturas ciudadanas no postuladas por partidos políticos

·        La instrumentación de la iniciativa ciudadana

·        El Derecho de réplica

·      El acceso de la sociedad a la información

·       La participación de la sociedad civil

·       La certeza jurídica en la participación social en los asuntos públicos

Transparencia y rendición de cuentas

·       El fortalecimiento del derecho al acceso a la información y protección de los datos personales en posesión de órganos públicos en el orden federal

·       Impulsaremos la mayor fiscalización de recursos federales a estados y municipios. En este sentido, se promoverán reformas a la Ley de Coordinación Fiscal para la rendición de cuentas de estados y municipios respecto a los recursos federales. Se buscan las bases mínimas en materia de transparencia presupuestal para estos órdenes de gobierno.

·        Para consolidar el derecho de acceso a la información se buscará que los órganos públicos de los diversos órdenes de gobierno documenten todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.

·        Insistiremos en las iniciativas ya presentadas en relación con una mayor transparencia y rendición de cuentas en el Congreso.

2.- Seguridad y Justicia

·        Fortalecimiento del sistema de Seguridad Nacional

·        Ley General en materia de secuestro, con herramientas para su prevención, investigación y persecución

·       Castigo a cualquier integrante que forme parte de nuestras Fuerzas Armadas y que cometa traición

·       Fortalecimiento de la operatividad de la Armada de México y brindar apoyo a los militares.

·       Combatir el tráfico ilícito de armas, explosivos, cartuchos y municiones

·       Mecanismos adecuados de control sobre la evolución patrimonial de los servidores públicos para disuadir las conductas corruptas

·       Fortalecimiento del sistema policial para contar con cuerpos de seguridad más eficientes y profesionales

·        Cultura de la prevención y legalidad

·        Lucha contra la explotación infantil y trata de personas

·        Protección y atención a las víctimas del delito

·        Reformas al sistema de justicia a través de implementar el sistema acusatorio, el fortalecimiento del modelo penitenciario, defensoría pública profesional y especializada, Código Penal único, modernización del juicio de amparo y la Ley Federal de Justicia para Adolescentes

3.- Política Exterior y Derechos Humanos.

·        Respeto a los derechos humanos

·       Ley General de Población e impulsar una Ley de Migración para México

·       Impulsar la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria

·        La Ley Sobre Celebración y Aprobación de Tratados

4.- Economía

En materia fiscal:

·        La simplificación fiscal que facilite el pago de impuestos y amplíe la base de contribuyentes

·       Lograr tasas competitivas. Es necesario generar un ambiente propicio para el desarrollo emprendedor y competitivo de la economía nacional, fomentando invariablemente el desarrollo sustentable del país en todas y cada una de sus regiones.

·        Revisar regímenes especiales de tributación.

·       Combate frontal a la elusión y evasión fiscal promoviendo una cultura de mayor responsabilidad entre los contribuyentes, basado en criterios de eficiencia y eficacia de la autoridad recaudatoria, como motor de empleo y generador de ahorro.

Algunas de las propuestas legislativas son:

·       Fortalecimiento al sector de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

·        Simplificación administrativa y mejora regulatoria

·        Fomento a la utilización de energías renovables

·       Actualizar y adecuar las disposiciones en materia de comercio exterior

·        Reglamento de la Ley General de Turismo

·       Revisión del marco normativo que regula la actividad pesquera

5.- Medio Ambiente y Recursos Naturales

Partimos de la necesidad de legislar para contar con un marco legal que asegure el cuidado y protección del medio ambiente, por lo que estaremos impulsando reformas que fortalezcan la sustentabilidad, el uso racional y responsable de los recursos naturales y las medidas que mitiguen los impactos negativos de la sociedad en el medio ambiente.

·       Fortalecimiento a las instituciones que vigilan el cumplimiento de la normatividad ambiental

·        Mejorar la impartición de justicia ambiental

·       Favorecer las prácticas amigables con el medio ambiente a través de incentivos para que los ciudadanos y las instituciones públicas y privadas opten por la utilización de acciones, tecnologías y procedimientos que tengan el mínimo impacto negativo en los ecosistemas

·       Estaremos impulsando reformas para mitigar y adaptarnos al cambio climático

·        Conservar nuestros recursos forestales, tanto en selvas y bosques, como en las ciudades y áreas metropolitanas

·        Protección de nuestros recursos hídricos

6.- Juventud

·       Modificación Constitucional en materia de juventud presentada el pasado mes de abril y avalada por los distintos grupos parlamentarios, que tiene el objetivo de garantizar a los jóvenes el respeto de sus derechos y facultar expresamente a este Congreso para legislar en la materia.

·       Modificación laboral que permitirá crear mayores empleos, mejores salarios y prestaciones para los jóvenes, con flexibilidad para que puedan seguir estudiando. Modificación a la Ley relativa al ejercicio de las profesiones

·       Reforma en materia de educación media superior que genere mayores espacios educativos

·       Actualización a las leyes que rigen al INFONAVIT y al FOVISSSTE, para que a los jóvenes se les otorguen créditos flexibles para vivienda.

·       Actualización en materia de seguridad jurídica, para que los jóvenes reciban prioritariamente información, orientación y defensoría jurídica.

·       Actualización a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

·        Análisis para determinar la conveniencia de crear la Ley Nacional de Juventud.

·        Modificación a la Ley Para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas para erradicar la trata de personas jóvenes.

·       Proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, para establecer mayores garantías de seguridad y justicia a las y los jóvenes

7.- Campo

·       El fortalecimiento del Mercado de Productos Agropecuarios

·       Redireccionamiento de políticas públicas. Es prioritario promover un uso eficiente y eficaz de los recursos, a fin de que estos tengan el impacto para el cual fueron delineados y a favor de la población campesina.

·       El impulso al financiamiento al Sector Primario

·       Aseguramiento Agropecuario. Cada vez es más necesario cubrir el quebranto de cosechas, lo que se traducirá en el uso de instrumentos más eficientes para afrontar los crecientes riesgos catastróficos que amenazan al campo nacional y que constituyen enormes pérdidas para el sector agropecuario.

·       Impulso de estrategias y normatividad en cuestión de sanidad vegetal.

·       El tema de cambio climático. Proponemos poner énfasis en políticas que reduzcan la vulnerabilidad del agro nacional, promoveremos un presupuesto acorde a esta nueva realidad y la creación de una mejor infraestructura.

·        Impulso a la certidumbre jurídica en materia agraria.

8.- Política Social

·       Más apoyo a personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad

·       Fiscalización de recursos y corresponsabilidad en el Seguro Popular

·       Establecer gratuidad en la atención de emergencias obstétricas

·       Fortalecer instrumentos de apoyo a la atención de la Salud

·        Fortalecer la Educación Media, la educación Superior, así como la protección del presupuesto de universidades públicas

·        Consolidar el Sistema Nacional de Educación Abierta y a Distancia

·        Adicionar a la Ley General de Educación los mecanismos de orientación para prevenir abuso sexual en escuelas, sobre todo en el uso del internet

·       Garantizar el acceso a la cultura de todas y todos los mexicanos

·        Garantizar la adquisición de reservas territoriales para la vivienda

·       Armonizar nuestra legislación con los instrumentos jurídicos internacionales suscritos por México en beneficio de los grupos más vulnerables

·       Fortalecer la atención de víctimas de la violencia intrafamiliar y la protección de la familia mejorando los modelos de atención con autoridades que puedan desarrollar una atención más cálida y procesos expeditos y eficientes

·       Impulsar la igualdad de oportunidades de la mujer en el mercado de trabajo, así como la participación democrática

·        Erradicar la violencia contra la mujer

·        Fortalecer reformas para los derechos Indígenas

·       Estímulos para el mérito deportivo, esto es, incluir en la Ley de Premios estos estímulos

·       Fortalecer la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil

El primer año de trabajos de la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados permite un saldo positivo. No el que quisiéramos presentar a los ciudadanos, pero sí uno con avances importantes. Logramos acuerdos que valoramos mucho, así como resultados efectivos.

Fue un año en el que pese a un escenario complicado se alcanzaron acuerdos con responsabilidad y grandes consensos, aunque quedaron pendientes las reformas integrales en materia fiscal, laboral y política. Lo mismo en materia de Derechos Humanos.

Sin embargo, vale la pena destacar el trabajo realizado por los diputados de Acción Nacional. En este periodo presentamos ante el Pleno, más de 80 iniciativas en materia social, económica, laboral, de atención a mujeres víctimas de violencia, transparencia, paternidad responsable, seguridad, medios de comunicación, trata de personas y modernización del Congreso de la Unión.

Asimismo, entre los avances que sí se pudieron cristalizar se encuentran las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica y a las leyes de salud y educación.

Además, en dicho periodo fueron aprobados distintos dictámenes entre los cuales resaltan la Ley de Competencia que busca proteger a los sectores con menores recursos del país; el combate al mal uso de medicamentos y a la piratería, datos personales y prevención del delito.

Como resultado de lo anterior, los diputados de Acción Nacional mantenemos un trabajo comprometido con todos los mexicanos para concretar la Reforma Laboral, con miras a la construcción de acuerdos a favor de millones de mexicanos, así como de otros dictámenes en materia de seguridad y justicia, que constituyen temas fundamentales que la sociedad está esperando.

Por lo que se refiere a la Ley de Seguridad Nacional, consideramos que debido a la complejidad y relevancia de la misma, es necesario revisarla con responsabilidad y en el tiempo que se requiera, para discutirla con los actores directamente involucrados, con el fin de que dicha ley permita a las otras fuerzas del orden público asumir sus propias corresponsabilidades, se fortalezca la vida institucional del Ejército y se salvaguarden, al mismo tiempo, los derechos de los ciudadanos.

Tenemos pendientes muy significativos como la Ley Antisecuestros, Derechos Humanos y Amparo, que para nuestra bancada es de una gran prioridad, y hemos abonado a que puedan transitar en mejores condiciones y, por supuesto, estaremos trabajando en temas sociales, económicos y de salud, solamente por mencionar algunos de ellos.

Queremos lograr con responsabilidad un equilibrio en estos asuntos y construir los acuerdos necesarios y tratar de desvincular las tareas legislativas de los temas electorales o cualquier otro que distraiga la responsabilidad de cumplir nuestros compromisos.

Publicado el día de hoy en El Universal

A la memoria de Fidel Samaniego, cronista, amigo y luchador por los derechos humanos.

Habla Raquel: “El día 5 de julio del 2010, me llevó a trabajar a una casa en San Pablo, en el callejón ‘Santo Tomás’, donde hay muchas chicas como yo, a las que urge rescatar. Todas vivimos ahí algo terrible, yo no podía escaparme”.

Y ahora escucharemos a Sara: “Todo comenzó hace cuatro años, al morir mi madre. Yo tenía 13… Me fui a vivir a la casa de una familia… La señora me convenció a base de mentiras para que al igual que ella brindara el sexo servicio sin importar que fuera menor de edad… Cuando descubrí que todo era mentira, huí… He pasado momentos muy desagradables a lo largo de mi proceso, como cuando en el juzgado se burlaron de mí. Me hicieron preguntas absurdas y otras dolorosas de responder. Me paseaban frente a la familia de los acusados como si nada pasara. Hubo momentos en los que me sentía desprotegida por las autoridades… Tengo muchas amigas que las enamoraron y engañaron para obligarlas a prostituirse, otras que fueron filmadas para pornografía, otras que fueron torturadas, secuestradas y violadas en grupo. Estoy hablando de niñas que vivieron las peores pesadillas que podamos imaginar… Le pido a todos los legisladores y a las autoridades de todo el país que trabajen sin parar hasta que la Ley de Trata esté en todos los estados y TODOS los tratantes, los clientes que buscan niñas, los dueños de los hoteles que permitían que me violaran allí y los dueños de los periódicos donde me anunciaban, tengan un castigo y estén encerrados para que no vuelvan a dañar a ninguna niña, porque no es justo lo que hemos vivido”.

La trata de personas en México, representa una de las tres principales fuentes de ingresos para el crimen organizado, y ha crecido en la mayor parte de los estados, convirtiéndose en un tema de seguridad nacional.

Estas historias de vida, de profundo dolor, de abusos sin límites y de una indiferencia e impunidad a todas luces reprobables, las escuchamos el pasado 11 de agosto en un foro realizado en la Cámara de Diputados.

La trata de personas es un crimen y la ilegalidad que la protege y que hace fuertes a los victimarios, nos exige hoy reconocer esta esclavitud y actuar en consecuencia.

Las cifras proporcionadas por organismos civiles afirman la existencia anual de más de 20 mil niños, víctimas de explotación sexual originada por la trata, principalmente en zonas fronterizas y turísticas. Simplemente en la capital del país, Lydia Cacho ha señalado que concurren mil 528 mujeres en situación de trata, 947 de ellas menores de 17 años y una tercera parte proveniente de Brasil, El Salvador, Guatemala y República Dominicana. De acuerdo con otro diagnóstico de organizaciones sociales, se han detectado 47 bandas dedicadas a la trata de personas, sexual y laboral, y que las entidades con mayor riesgo de que se cometa este ilícito son el Distrito Federal, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo.

No es aceptable que hasta hoy no se tengan ni una decena de sentencias por este tipo de delito, reflejo fiel y dramático de la renuncia que se ha hecho a la impartición de justicia y al reconocimiento de estos crímenes en el país.

No obstante que se ha avanzado en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos al ratificar instrumentos internacionales, acordar lineamientos legales, establecer organismos integrados por autoridades, sociedad civil y expertos, o constituir mecanismos de seguimiento a las acciones en materia de prevención, persecución y sanción, resta aún mucho por hacer.

A la fecha, más de 20 entidades federativas han modificado su legislación penal, introduciendo el nuevo tipo penal de trata de personas. Sin embargo, es imperioso trabajar para que en todos los estados se considere el tema de la trata de personas en sus códigos penales y se establezcan leyes en la materia. Esta tarea debe contemplar tanto la prevención, como la protección de las víctimas, el impulso a la organización social, así como la persecución y una clara y resulta sanción del delito.

Es justo reconocer en este Foro el trabajo de la Comisión Especial para la Lucha en contra de la Trata de Personas, así como la importancia de la iniciativa de ley presentada en abril de 2010 y que hoy se encuentra para su dictamen en comisiones. Tanto Raquel como Sara, reconocieron los apoyos que se les han brindado por la sociedad civil, así como por la PGJDF. La presencia en este encuentro del procurador Mancera Espinosa, y el hecho de que sea justo en esta entidad federativa donde se ha dado el mayor número de sentencias, nos permite, por un lado, destacar el trabajo de esta institución y, por otro, sentirnos alarmados por la insuficiente impartición de justicia contra la trata de personas en otras regiones de México.

Estos crímenes deben comprometernos urgentemente a coordinar esfuerzos entre los diferentes órdenes de gobierno, así como entre el Congreso Federal y los Congresos Locales. Porque sólo en la medida en que las leyes se homologuen y las instancias responsables de impartición de justicia reconozcan y estén preparadas para enfrentar estos crímenes, las víctimas, en su gran mayoría mujeres y menores de edad, enfrentarán menos riesgos de caer en estas redes, o bien se hará justicia en lugar de la impunidad que hoy prevalece.

Esto implica trabajar muy fuerte para que los ministerios públicos y los jueces investiguen y sentencien la trata como un delito en que se reconozcan las conductas tipificadas para este crimen.

Resulta impostergable consolidar la Base de Datos Nacional y el Sistema de Georreferencia de Información Estadística sobre trata de personas, que nos permitirá saber la incidencia delictiva, número de víctimas, modalidad de victimización, rutas y métodos de transportación que utilizan los delincuentes, y los sitios aprovechados para el tránsito fronterizo internacional.

No podemos olvidar la demanda reiterada de organismos de la sociedad civil a favor de la “Ley de Víctimas del Delito”, para establecer un sistema integral de protección y asistencia a las víctimas.

La trata de personas es un crimen en que confluyen la migración, la pobreza, la exclusión, la discriminación, la desigualdad, la degradación de valores y el crimen organizado y, en especial, la indiferencia y el desprecio a los derechos y dignidad de la niñez mexicana.

No podemos descansar, ni dejar que las autoridades lo hagan hasta que en todos los estados, las víctimas de la trata estén en libertad, y hasta que cada persona que haya hecho este terrible daño sea castigada con todo el peso de la ley. No podemos descansar hasta evitar que ningún menor sea abusado o mutilado de por vida por estas redes del crimen organizado, aliadas a la corrupción y la arbitrariedad.

La apuesta de libertad resulta, hoy, inaplazable para que las voces de Sara y Raquel y su sufrimiento tengan respuestas

Por obvio que resulte, pensar en resultados distintos bajo las mismas reglas y repitiendo las mismas prácticas, no sólo es ingenuo sino en gran medida irresponsable. Bien anotó Albert Einstein que: “Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”.

En el Congreso de la Unión, los legisladores enfrentamos el desafío de superar el desprestigio ante la opinión pública, e incluso el desprecio de los ciudadanos ante la labor legislativa y las prácticas parlamentarias cotidianas.

De acuerdo a diversos estudios de opinión, la tarea del legislador es calificada apenas por encima de los partidos políticos y por debajo de las policías, dato que refleja poca credibilidad y falta de confianza.

Las exigencias y reclamos de los ciudadanos suelen concentrarse en la distancia que diputados y senadores tenemos respecto a las necesidades de sus representados, en la carencia de mecanismos y ventanas más amplias de transparencia y rendición de cuentas, así como en la incapacidad para construir acuerdos de largo aliento para el país.

No obstante que los legisladores tomamos decisiones que afectan en un sentido u otro a millones de mexicanos, e incluso cuando al dejar de tomar estas resoluciones también podemos afectar a miles de personas, los ciudadanos nos observan distantes, con resultados pobres, y nos califican en consecuencia.

Podemos como legisladores coincidir o no con estas miradas, juicios y percepciones, incluso podemos considerar a algunos de ellos como poco justos o a destiempo, pero esta es una realidad, y está en nosotros la posibilidad de cambiarla.

Una de las dimensiones de esta situación tiene que ver con que las reglas que hoy rigen los trabajos y principales procesos de la tarea legislativa son obsoletos y en gran medida representan incentivos contrarios al reclamo de los ciudadanos.

Incluso es justo decir que muchos legisladores han insistido en que las reglas actuales no colaboran a un trabajo eficiente y de cara a la modernidad. Es por ello que la Ley Orgánica del Congreso debe ser revisada a fondo y sin autocomplacencias, porque aun reconociendo algunas modificaciones recientes, hay espacios que permiten discrecionalidad e impiden hacer uso de herramientas y procedimientos indispensables para la construcción de acuerdos en tiempos y condiciones más favorables.

Un paso importante en la redefinición de la dinámica parlamentaria es, sin duda, la reforma al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que data del 20 de marzo de 1934.

Para la Cámara de Diputados, el Reglamento vigente aún contiene mandatos anacrónicos, tales como que los concurrentes a las galerías se presenten sin armas artículo 207.

Las diversas fuerzas políticas hemos venido trabajando en un nuevo ordenamiento que a todas luces resulta inaplazable. Entre las propuestas que se han venido trabajando destacan las siguientes:

·        Reglas para evitar el rezago legislativo, como plazos más adecuados al debate democrático para dictaminar iniciativas, pero colocando términos para eliminar el rezago o la falta de definición de las propuesta legislativas.

·        Agilidad de las sesiones en el Pleno, estableciendo las prioridades del quehacer legislativo en la presentación y análisis de iniciativas de ley.

·        Sanciones a diputados ante ausentismo o la obstrucción del desarrollo de las sesiones por encima de las reglas establecidas para el debate democrático.

·        Transparencia y rendición de cuentas, de manera que los legisladores y los órganos de la Cámara rindan informes tanto de sus actividades, como de los recursos empleados para su desarrollo.

·        Regulación del cabildeo, garantizando que la presencia de grupos de interés en los temas que se discuten en la Cámara se rijan bajo procesos transparentes, lícitos y nunca por encima del interés público.

·        Formato de comparecencias de funcionarios ante el Pleno de la Cámara, que hasta ahora han tenido lineamientos insuficientes y no han garantizado la eficacia del diálogo y el intercambio de propuestas en un marco de colaboración y de pesos y contrapesos entre Poderes.

Un nuevo Reglamento resulta definitivo para construir, en un segundo tiempo, una nueva Ley del Congreso de la Unión moderna.

En la modificación a este Reglamento que data del siglo pasado, es preciso escuchar y ponderar voces y propuestas que colaboren a su profunda transformación y, en especial, a lograr las reglas de un parlamento renovado y cercano a los ciudadanos.

Un Congreso bien articulado será siempre el motor de grandes transformaciones y servirá para mejorar sustancialmente la relación entre todos los mexicanos, y como ejemplo para que los principios democráticos del diálogo, la pluralidad y la tolerancia, sean fuente perdurable de convivencia.

Un nuevo Reglamento no nos exime del trabajo que los legisladores debemos realizar en lo cotidiano, en especial frente al compromiso de ser las voces de los ciudadanos y de construir respuestas responsables y de largo aliento, que den certeza y que cimienten la confianza de los mexicanos en sus representantes.

En la tarea de dignificar y recuperar el orgullo de ser legislador ningún esfuerzo y corresponsabilidad debe hacerse de lado.

En años recientes, como muchos otros ciudadanos, he afirmado que en nuestro país existe libertad de expresión. Que hoy, a diferencia de hace apenas algunos años, los medios de comunicación pueden expresarse de manera amplia, sin mayores restricciones que sus códigos de ética o bien aquellas fronteras que cada cual decide adoptar.

Mi afirmación responde fundamentalmente al contraste con un sistema político que por años intimidó a la prensa y a la población y, mediante el uso de "dictar línea" lograba su propósito y mantenía a la población desinformada.

A través de mecanismos como éste "sugería" cauces editoriales, cuando no burdamente contó con la complicidad de algunos medios que resultaban prácticamente voceros a modo, imponiendo la autocensura y fortaleciendo con ello un sistema político autoritario, en donde la ciudadanía quedaba supeditada y siempre detrás del objetivo principal que para muchos era entonces complacer al gobierno en turno.

Hemos escuchado de cómo los dueños de estos medios y sus periodistas que decidieron no aceptar estas reglas, sufrieron amenazas, persecuciones fiscales y de otro tipo, y de cómo con audacia y valor extraordinario sentaron las bases para una democracia anhelada al defender el derecho de los ciudadanos a ser informados.

Así pasamos de la época de la censura al pleno ejercicio de la libertad de expresión sin límites, y en algunos casos, incluso, sin contrapeso alguno.

Hoy quiero rectificar mi afirmación. Y lo hago porque estamos frente a una amenaza profundamente grave y poderosa. Porque hoy corren peligro y han sido víctimas mujeres y hombres que han decidido defender el derecho de los ciudadanos a ser informados, que se atreven a investigar, que logran vencer la autocensura provocada -a diferencia del pasado- no por el deseo de complacer sino por la certeza del alto riesgo de ser asesinados, torturados o desaparecidos.

Hoy quiero rectificar porque el crimen organizado es la principal amenaza a la libertad de expresión y la impunidad su aliada más importante. Si la censura oficial fue siempre autoritaria y antidemocrática, la dictadura que hoy pretende el crimen organizado sobre la libertad de expresión por medio de las balas, es absolutamente condenable y constituye una de las principales amenazas a la gobernabilidad, al Estado de Derecho y a nuestras libertades.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que desde el año 2000 a la fecha han sido asesinados 64 trabajadores de la prensa y 11 siguen desaparecidos. En ese periodo se han radicado en la Comisión 594 expedientes de queja por agravios a periodistas. Organizaciones de la Sociedad Civil, por su parte, señalan que en 2009 se tienen más de 240  agresiones a la libertad de expresión en el marco del ejercicio periodístico. En estos días 4 periodistas fueron secuestrados. Este sábado se da cuenta de la liberación por fin de todos ellos. Nos reconforta saber esto, pero es inaceptable cualquier acción que coarte la libertad de expresión.

Las formas del crimen organizado son muy directas: silencio o balas, silencio o muerte. A la vez, hay testimonios que dan cuenta de la complicidad de autoridades locales con el crimen organizado, la complicidad del silencio, de no asumir a nivel estatal la responsabilidad de impartir justicia, de reconocer que estos crímenes y amenazas suceden en los territorios gobernados por ellos. Esa complicidad de ante cada acción violenta del crimen voltear a mirar al Gobierno Federal para afirmar que no les corresponde la tarea y por tanto poco o nada pueden y quieren hacer. Esta complicidad que renuncia a asumir responsabilidad y rendir cuentas, es hoy en muchos territorios la mejor apuesta con que cuentan los criminales.

A nivel federal sin duda debe reforzarse la labor de instancias como la nueva Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, que depende directamente del Procurador General de la República, y debe dar cuenta de acciones inmediatas.

Para los medios de comunicación el reto tampoco es menor. Es hora de unirse y observar otras experiencias, como el caso colombiano, en donde los medios se dedicaron por años a hacer lo que entendían era su trabajo, informar lo que pasaba. Sin embargo, eventualmente se percataron que con sólo reportes de asesinatos y secuestros, en realidad su tarea era insuficiente y que en algunos casos incluso fortalecía al crimen organizado. Fue en ese momento cuando todo cambió: en gran medida, la actitud social se transformó y los ciudadanos apoyaron la restauración del orden civil y de la autoridad, cuando los medios se aliaron con la sociedad para solamente prestarse a servir a los intereses de la ciudadanía y a fortalecer una cultura de la legalidad y la democracia, todo ello sin renunciar a sus tareas fundamentales del periodismo.

Como legisladores, debemos avanzar con más velocidad y comprometer los acuerdos para concretar las leyes que salvaguarden el trabajo de los profesionales de los medios de comunicación. Este es el caso de la iniciativa del Ejecutivo Federal para reformar el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, que ya ha sido presentada y que está en espera de ser dictaminada en Comisiones de la Cámara de Diputados, con lo que se propone generar un mecanismo para que las autoridades federales tengan la facultad de conocer de delitos del fuero común, relacionados con la protección de seguridad pública, la seguridad nacional, los derechos humanos y la libertad de expresión.

Esta medida permitirá dar mayor oportunidad y fuerza a la investigación y persecución de delitos cometidos contra periodistas, ya sea en cuanto a daño a sus instrumentos de trabajo, agresiones y lesiones, secuestro u homicidio.

Adicionalmente, debemos contar con nuevas disposiciones que establezcan sanciones y condenas más severas, tanto a nivel federal como en el nivel local, contra quienes delincan o agredan a los profesionales de la información y la comunicación, otorgando a su trabajo el reconocimiento como elemento clave de las libertades y la vida democrática de nuestra sociedad. Esta es una agenda en que debemos empeñar un mayor compromiso para alcanzar resultados tangibles pronto.

Cada vez que se amenaza, agrede, tortura o asesina a un periodista se matan pedazos de libertad y de democracia, se amplían los silencios y las complicidades, se ahogan esperanzas y espacios de justicia, se fortalecen los criminales, la corrupción y los autoritarismos. Cada vez que la desaparición o el miedo evita que se publique una investigación, una fotografía o una editorial, se oscurece un país, su presente y su futuro, porque los criminales se imponen a los ciudadanos y a las instituciones.

Es tiempo de hacer un alto en el camino. Sólo un frente unido, solo el reconocimiento de que el enemigo común y a vencer es el crimen organizado que pretende acallar la posibilidad de verse descubierto por la opinión pública, sólo cuando cada orden de gobierno asumamos y respondamos a nuestras responsabilidades y al ejercicio de la Ley o enfrentemos altos costos por no hacerlo, lograremos minar la impunidad y acallar las balas que hoy nos amenazan a todos con la restricción e incluso muerte de nuestras libertades. Aunque muchas veces moleste, la libertad de expresión es la esencia de la política y su ausencia nos cuesta a todos y mina nuestra incipiente democracia.

Sin libertad de expresión no hay vida civilizada y sin ella no hay país.

La ley SB 1070 constituye un claro retroceso. Las siglas SB 1070 se han convertido en sinónimo de intolerancia, de xenofobia, de marcada discriminación racial. Implica la construcción de nuevos muros, aumentar las distancias entre dos naciones vecinas que tienen una historia, un presente y un futuro de profundos vínculos, implica destruir puentes. Es sin duda una ley que lastima no sólo a todos los mexicanos, sino que lastima la dignidad humana.

Esta ley contiene un conjunto de disposiciones que facultan a los policías locales a detener y, en su caso, encarcelar a cualquier persona de quien se tenga la sospecha razonable de no contar con la autorización para permanecer en Estados Unidos es decir, un migrante indocumentado. Además de los dilemas operativos que la hacen de muy difícil aplicación, la ley en cuestión seguramente derivará en prácticas racistas en contra de migrantes mexicanos y vulnerará sus derechos humanos.

La pregunta central para los policías locales consiste en determinar en qué condiciones podrían tener la sospecha razonable de que una persona se encuentra en situación indocumentada o irregular. En un estado como Arizona, al parecer la respuesta más directa es la deparecer mexicano. El escenario es aún más grave porque por lo menos otros 14 estados de ese país están valorando legislaciones similares.

El Congreso y la gobernadora de Arizona se equivocan rotundamente. Arizona tiene cerca de 6.5 millones de habitantes, de los cuales alrededor de 2 millones son de origen latino, es decir,parecen mexicanos.

Además de la distracción que esta ley representa para la policía local que en lugar de perseguir verdaderos delincuentes tendrá que desperdiciar recursos y tiempo en la interpelación de por lo menos 30 por ciento de los residentes del estado, simplemente se genera un espacio de abuso contra la población mexicana y de origen mexicano en Arizona.

En Estados Unidos hay 27 millones de connacionales: 12 millones nacidos en México y otros 15 millones nacidos del otro lado de la frontera. Todos sabemos que los migrantes mexicanos no ponen en riesgo la seguridad de Estados Unidos ni son delincuentes. Por el contrario, como han demostrado infinidad de investigaciones de manera contundente, contribuyen a la economía, la cultura y al desarrollo de ese país, como igualmente lo hacen al desarrollo de México.

Nuestra agenda bilateral tiene que partir del principio de que compartimos presente y futuro y que juntos seremos mucho más fuertes en un mundo en el que las relaciones entre países serán cada vez más intrincadas. No basta criticar o denunciar a los residentes de Arizona o a los estadunidenses que apoyan la SB 1070. Debemos avanzar urgentemente para reforzar los canales de diálogo fructífero, el ejercicio de la justicia y la construcción de puentes que protejan y enaltezcan la dignidad humana.

Aun entendiendo que por Arizona transitan hoy día la mayor parte de migrantes indocumentados en su intento por entrar a Estados Unidos y que eso genere tensiones locales que la gobernadora y un sector amplio de la población en ese estado desean resolver, el camino elegido no es el correcto. Los migrantes no van a Estados Unidos en busca de aventura.

Por el contrario, van en busca de trabajo y se incorporan a actividades y labores donde los necesitan, aunque para ello enfrenten muchos riesgos al internarse a través del desierto. Además, hay muchas investigaciones que demuestran que los trabajadores mexicanos no desplazan a los estadunidenses. No es sorprendente que los flujos hayan disminuido con la desaceleración de la economía.

La dignidad humana no es negociable ni está sujeta a aprobación; y sea lo que sea que determine la juez federal estadunidense Susan R. Bolton sobre la entrada en vigor de la polémica ley SB 1070, como mexicanos, en apoyo a nuestros connacionales, a nuestra historia y a los valores de la solidaridad que siempre nos han caracterizado, debemos seguir alzando la voz y construir los puentes que sean necesarios para evitar que la discriminación y el odio raciales se conviertan en una abrumadora amenaza para la relación bilateral, y peor aún, en un atentado contra los derechos humanos fundamentales.

La migración es un tema en el que México y Estados Unidos deben asumir sus responsabilidades. El proceso migratorio no se detendrá en un futuro inmediato, entre otras razones porque éste tiene profundas raíces estructurales y una prolongada tradición histórica. En consecuencia, a todos conviene, sobre todo a los migrantes, que el proceso ocurra de manera ordenada y segura.

La crisis que genera la ley SB 1070 debe servirnos para abordar el tema de la migración de manera diferente en ambos países. Como dijera Octavio Paz: en la frontera chocan no sólo dos niveles de desarrollo, sino dos cosmovisiones.

El desafío estriba en articular –a partir de un espíritu de responsabilidad compartida– una solución realista, constructiva, integral y de largo plazo. México requiere reformas en temas fundamentales para la vida de las personas: en todo lo que construye capital humano, en la infraestructura, en la regulación económica y en los medios de participación política. Todos y cada uno de estos ámbitos inciden en el desarrollo de las personas y facilitan o impiden que lo alcancen en su vida.

El tema de fondo es que existe en Estados Unidos un mercado laboral que funciona y que hace caso omiso de la frontera. En este sentido, tenemos tareas pendientes y deudas reales con millones de migrantes que buscan oportunidades y mayores ingresos en el país del norte por no encontrarlos aquí.

Miles y miles de migrantes están en calidad de indocumentados. Están en situación de mayor vulnerabilidad y desventaja. No es casual el valor que nuestras comunidades otorgan a un documento oficial que los proteja mínimamente. Frente a esto, en un país profundamente legalista, miles de estadunidenses colocan a los migrantes como ilegales, con todas las consecuencias que esto conlleva.

Mientras tanto, en México debemos rechazar esta ley de manera decidida y enérgica. Una vez superada la coyuntura, es preciso redoblar los esfuerzos para intentar darle orden y cauce legal a un flujo del que dependen millones de hogares en México.

*Publicado en La Jornada 280710

Hace algunos días, uno de los hombres más conocedores de la globalización y a la vez de México, se preguntaba lo siguiente: “¿Qué le ha pasado a México, que ha dejado de mirar al mundo? ¿Qué sucede en un país tan vigoroso, de cultura e identidad tan fuerte, que da la impresión de estar atrapado en sus debates y contradicciones internas y ha perdido el sentido de lo que está sucediendo en otros países, incluyendo algunos de América Latina?”

Las preguntas, lejos de tener un tono de recriminación o crítica, revelaban una preocupación genuina por nuestro presente y futuro.

Este hombre que recorre el mundo de manera reiterada y que no duda en afirmar su gratitud a México expresa, por un lado, su reconocimiento por avances en materia democrática y en las agendas económica y social. Pero al mismo tiempo, destaca la falta de acuerdos políticos en temas sustantivos, así como la necesidad de una urgente definición de rumbo que considere con claridad hacia dónde se está moviendo el mundo, América del Norte, la región del Pacífico, América Latina.

Subraya que lograr esos acuerdos y mostrar una renovada perspectiva de futuro resultan hoy señales indispensables para indicar que México se mueve y que estamos mirando al mundo.

Comparto esta reflexión porque pone en evidencia la percepción de que estamos demasiado ocupados en nuestras diferencias y contradicciones, en nuestros propios desafíos y anhelos, a ratos demasiado ocupados en defender cotos de poder y privilegios, ajenos a los cambios y a la velocidad con que avanzan otros países.

Es claro que no pueden postergarse por más tiempo nuevas actitudes, mejores compromisos, liderazgos con rumbo y ética, que hagan posible acuerdos en los temas que permitan movilidad social y energía renovada al país, que hagan posible la construcción de esperanza para los mexicanos.

El mundo decidió hace mucho no esperarnos. Decidió que sólo será generoso con aquellos países que dejen de mirarse a sí mismos para quererse dar cuenta de lo mucho que sucede allá afuera.

Es claro que el mundo nos está leyendo de un modo distinto a como nos miramos; nos ven sin permitir autocomplacencias ni excusas.

Al final, un par de sentencias expresadas por este especialista, indican la urgencia de generar un ánimo distinto y una responsabilidad mayor: por un lado, su afirmación de que "Tal parece que quienes estamos fuera de México observamos más oportunidades y valoramos más lo que se ha construido en su país"; y por otro que "Si México sigue administrando la inercia, entonces, no tardará mucho tiempo para que el mundo deje de preguntarse qué le pasa a México; simple y sencillamente dejará de mirar a México. Otros países entonces ocuparán la mirada, las inversiones y el interés del mundo".

No se trata de moldear a México al capricho de otros. Tenemos identidad y fuerza ciudadana. Tenemos también deudas y pendientes con millones de mexicanos. El reto es construir una nueva concepción de soberanía, que mire al futuro y apueste a la prosperidad.

Un México mirándose a sí mismo es justo lo contrario a lo que nos obliga la cita con la historia en este Bicentenario. O seguimos intentando recrear un pasado y aún peor, intentando volver a él, o decidimos construir con nuestra fuerza un futuro de mayores libertades y esperanzas.

A la responsabilidad que exige esta encomienda, resulta impostergable definir un rumbo claro y, sin duda, una apuesta profunda de confianza que permita construir los acuerdos para transitar hacia un mejor futuro.

Para nosotros, para el Partido Acción Nacional, para mi grupo parlamentario en la Cámara de Diputados ha pasado el proceso electoral y éste debe ser el momento donde el país se merece el mayor de los esfuerzos para construir acuerdos fundamentales.

Hay reformas pendientes para México, hay acuerdos políticos que parecen indispensables como el de seguridad, en temas  básicos que nos deben permitir mejores condiciones económicas, sociales y es en esto en lo que, desde la Cámara de Diputados, los panistas nos queremos concentrar, aquello que por diversas razones no ha terminado de resolverse y que requiere de voluntad, de generosidad.

Por eso queremos avanzar en el análisis y dictaminación de temas como la seguridad nacional, la prevención y castigo al secuestro, la defensa e impulso a los derechos humanos, la reforma laboral, la reforma política, la atención de refugiados, la facilitación del voto de los mexicanos en el extranjero y la actualización de la Ley y el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Estamos en la actitud y en la disposición que siempre hemos manifestado de dialogar, pero sobre todo de construir. Son tiempos de construir, esto es lo que nos exigen los ciudadanos y así se refrendó con el voto de miles y miles de aquéllos en las urnas, demostrando sus voluntades, su disposición.

No hay que olvidar las lecciones que dejan estas campañas que tenemos que corregir, yo creo que la clase política también necesitamos un espacio de autocrítica y poder darle al sistema político mexicano aquellos incentivos que requiere para que los procesos electorales se hagan en condiciones de mayor transparencia y también con apego irrestricto a la legalidad.

Por eso es importante que luego de festejar el comportamiento de la sociedad durante la pasada jornada electoral en diversos estados del país, lo primero que tenemos que hacer es evitar pasar de la parálisis electoral a la parálisis postelectoral con el pretexto de no “obstaculizar” el proceso de revisión de la elección.

Los ciudadanos deben tener la certeza de que pueden seguir confiando en la premisa de la democracia y de la construcción de acuerdos entre las fuerzas políticas del país.

La sociedad nos reclama a los políticos acuerdos y efectividad en nuestro trabajo, por eso los legisladores de Acción Nacional reiteramos que seguiremos trabajando con la mejor disposición para dialogar con las demás fuerzas políticas.

Los procesos electorales siempre dejan lecciones y tareas pendientes para crear reglas e incentivos que fortalezcan la democracia.

El pasado 4 de julio dio cuenta del poder del voto, del poder de asistir a las urnas y decidir por la al-ternancia; por propuestas y candidatos que en algunas entidades significaron no solo una elección más, sino un cambio sustantivo, una apuesta por dejar atrás el autoritarismo y los cacicazgos que se antojaban “imposibles” de vencer.

Por donde se vea, estos resultados alientan la participación ciudadana y la transición democrática. Del otro lado de la moneda, las elecciones pusieron de manifiesto la urgencia de transformar y en algunos casos, incluso, crear nuevas reglas al sistema político mexicano.

Las reglas actuales, salvo algunas excepciones, dan lugar a espacios de discrecionalidad, impunidad,  simulaciones y abusos de autoridad. Prácticas que se creían superadas han regresado para inhibir a los ciudadanos, para intentar “comprar” voluntades. Las pruebas que dan cuenta de robo de urnas, entre otras violaciones graves a las leyes electorales, nos obligan desde el Congreso a resolver sobre una Reforma Política que fortalezca las instituciones e impida los riesgos de retroceso democrático que hoy enfrentamos. Las elecciones nos han dejado por tanto tareas inaplazables que exigen corresponsabilidad y autocrítica.

Ante la denuncia de atropellos y violaciones que hasta hoy se ha documentado, los procesos electorales en Durango y Veracruz obligan a un actuar comprometido de las instituciones y del apego irrestricto a la aplicación de la ley. Casos como el de Hidalgo dan cuenta de un gran movimiento ciudadano que tuvo que enfrentar persecución y amenazas diversas. Por fortuna, la participación y los anhelos de cambio han marcado por siempre liderazgos y la historia de miles de hidalguenses.

Los ciudadanos están en espera de acuerdos políticos, y diversos actores y sectores han dado señales claras de su disposición al diálogo y a resolver de mejor manera sobre temas sustantivos que afectan a millones de mexicanos.

Es tiempo de construir las bases y referentes de estos acuerdos, de dar claridad sobre las definiciones que marquen rumbos certeros y de mirar hacia adelante para que el inmovilismo y la frustración no sean los signos de nuestros tiempos. Por el contrario, estamos obligados a crear una renovada esperanza y un ánimo que convoque para hacer posible las  anheladas reformas y políticas  de Estado. No hay tiempo que perder.

Los ciudadanos nos reclaman a los políticos acuerdos y efectividad en nuestro trabajo. Las y los diputados de Acción Nacional reiteramos que seguiremos trabajando con la disposición para dialogar con las demás fuerzas políticas y con ello alcanzar los acuerdos necesarios para dar a México una legislación moderna que impulse un crecimiento y un desarrollo más justo para todos los mexicanos.

El día de hoy tuve una entrevista con Leonardo Curzio en la que abordamos la necesidad de un periodo extraordinario de sesiones. Comparto con ustedes los puntos importantes que hablamos.

Un avance muy favorable el día de ayer en la Junta de Coordinación Política es el acuerdo de convocar durante junio a las comisiones de trabajo para tener preparados los dictámenes sobre los temas a tratar en el periodo extraordinario. Hay un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios que sustenta y pone la plataforma que nos permitiría decir, hoy por hoy, que podríamos tener las condiciones de convocar al periodo extraordinario.

Algunos temas que hoy podemos tratar son la propuesta de abordar el juicio de amparo, que es urgente frente a la impunidad que se ejerce en México; la modificación del reglamento interno de la Cámara de Diputados para darle agilidad y eficacia al trabajo legislativo; la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro y la Ley de Seguridad Nacional.

Es necesario que lleguemos a septiembre con trabajo hecho que nos permita concentrarnos también en temas tan importantes como la Ley de Competencia, el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año, la Ley de Ingresos, la ley laboral y la reforma política.

Hemos hecho un compromiso los coordinadores de los grupos parlamentarios de trabajar y abogo por que ellos, como el PAN tengan la voluntad política y la capacidad de reconocer que el país requiere de respuestas que en algunos casos han esperado décadas, que sepamos que no podemos hacer del Congreso ni un rehén de los procesos electorales ni tampoco de otro tipo de agendas.

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Me da mucho gusto poder tener esta comunicación el día de hoy.

Recuerdo los 10 de mayo en la escuela primaria. De niña nos hacía una ilusión enorme ser parte de los festivales. Poníamos duramente a trabajar a nuestras madres haciendo trajes, adornos y un sinfín de cosas. Lo disfrutábamos y, sin duda generaba un ánimo y una ilusión especiales.

Recuerdo los festivales, las poesías, la exaltación a la maternidad y esta visión romántica, casi ideal, de una madre mexicana.

Y lo recuerdo porque entre esa visión y esa experiencia vivida hace algunas décadas y ser madre hoy, implica desafíos, entornos distintos y horizontes, por decir lo menos, retadores.

Ser madre nunca ha sido una tarea sencilla. Ha sido plena, satisfactoria  cuando se ha hecho por elección, cuando ha tenido como sustento el amor, cuando ha tenido esperanza e ilusión. Aún así, nunca ha sido una tarea ni simple y mucho menos sencilla.

Ser madre hoy significa también ser muy valiente. Ahora los niños no pueden ir como nosotros a jugar a la calle o salir con la  tranquilidad y la certeza de entonces. Por lo mismo, ser mamá en nuestros días implica horas de angustia y preocupación.

Vale la pena recordar que 42 por ciento de las mamás mexicanas trabajamos en alguna actividad económica. Han cambiado los roles de la familia, ya no somos las mamás tradicionales que podíamos esperar a nuestros hijos en casa llegando del colegio. Ya no son los papás tradicionales que se suponían proveedores en materia económica de la familia, que asumían la autoridad y el liderazgo de la misma.

Hoy millones de mujeres tienen que atender y resolver la vida y el día completo de manera desafiante, venciendo una gran cantidad de obstáculos y también de mitos o inercias que prevalecen en nuestra sociedad.

Son las mamás quienes tenemos que resolver y reconocer un entorno de violencia y amenazas que no teníamos hasta hace algunos años en el país. Somos las mamás de hoy las que queremos tener familias unidas y felices, lo que significa en ocasiones noches largas, días de trabajo muy intenso y fines de semana dedicados a tratar de resolver lo que no alcanzó a superarse suficientemente bien en la semana.

Retos y fortalezas

Creo que este 10 de mayo, muchas nos preguntamos cómo lograr ese equilibrio tan urgente, tan inaplazable de nuestra maternidad. Cómo resolver de mejor manera un entorno distinto, que no deja de sorprendernos, que tiene nuevos riesgos y amenazas, pero también posibilidades; imágenes de libertad que nosotros no pudimos vivir en nuestra infancia o nuestra adolescencia.

Cómo convertimos estas posibilidades en fortalezas para nuestros hijos en mayor confianza, en espacios de alegría y de posibilidad de ser mucho más felices.

Hoy quiero dar las gracias nuestras mamás que con aciertos, con limitaciones, con plenitud, con alegría, con vulnerabilidades, con su propia perspectiva del mundo nos han dejado o intentaron dejarnos lo mejor de cada una de ellas bajo su propia realidad y circunstancia.

Hoy quiero agradecer a nuestros hijos, a nuestras hijas, por la generosidad de mirarnos como hemos resuelto ser. Por la generosidad de esperarnos muchas veces o que les vence el sueño cuando los días de trabajo también suelen ser demasiado largos.

Hoy quiero agradecer la generosidad de aquellos que nos acompañan en la vida y han resuelto respetarnos como somos y como hemos resuelto construir cada día de nuestra existencia.

Pero hoy también quiero que reconozcamos como mujeres este privilegio de la maternidad. Lo que significa dar vida a otra vida y poder disfrutar y contemplar su crecimiento, su propia identidad, su propia capacidad de vivir y sorprenderse con la vida y deseo que en un entorno distinto, difícil, adverso y al mismo tiempo fascinante y con posibilidades extraordinarias, cada una de nosotras encontremos también un espacio para la alegría, para disfrutarlo, para vivirlo sin tantas complicaciones, con mucho más sencillez y apego a lo básico de la vida.

Que tengamos esta capacidad, que no requiramos un día para festejar el Día de las Madres, sino que también millones de mamás en México encuentren como mejor regalo a esta maternidad parejas responsables, hijos solidarios, entornos de políticas públicas que reconozcan estas nuevas realidades, que encontremos entre nosotras la capacidad de construir redes sólidas de ayuda y también de compartir nuestra propia experiencia. Que la maternidad se convierta para todas nosotras en una gran noticia para vivir con mayor profundidad pero, sobre todo, con mayor felicidad.

Muchas felicidades a todas las mamás de México bajo cualquier circunstancia. Y que este 10 de mayo nos sirva también de reflexión para salvaguardar y proteger a nuestras hijas. Para enseñarlas, para fortalecer una agenda de prevención y para que la maternidad nunca más sea producto de la violencia, de la fuerza, el dolor, el abuso o el odio. Que sea siempre la respuesta de una decisión libre, profundamente amorosa y respetada. Enhorabuena.

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Millones de mexicanos queremos, apreciamos y valoramos enormemente las tareas que el Ejército Mexicano, nuestras Fuerzas Armadas han venido realizando en momentos difíciles, en momentos de desastres naturales y, en años recientes, sin duda, en esta valerosa batalla contra el crimen organizado.

Una batalla difícil, que requiere acompañamiento y también corresponsabilidad. En todo el país ha sido necesario fortalecer a las policías locales.

En el Poder Legislativo hemos venido discutiendo sobre iniciativas que creemos fundamentales en la vida de las Fuerzas Armadas, iniciativas que con apego irrestricto a la legalidad, a los derechos humanos deberán acompañar las tareas de miles y miles de militares, de soldados, de marinos, de mujeres y hombres que a diario enfrentan una batalla a favor de nuestros hijos, de la solidaridad, de la gobernabilidad y particularmente a favor del estado de derecho y de salvaguardar las libertades de millones de mexicanos.

Entre estas iniciativas que hoy trabajamos y discutimos en el Congreso quisiera destacar por lo menos cuatro de las que consideramos más relevantes y de urgente resolución.

En primer lugar consideramos que, aquellos elementos  de las Fuerzas Armadas que pierdan la vida en el cumplimiento de su deber, deben ser reconocidos post mortem y debe respaldarse de manera muy decidida y clara a sus familiares.

En segundo lugar, debemos dotar a las fuerzas armadas de la certeza legal jurídica en el desempeño de sus labores ante situaciones que afectan la seguridad y la normalidad de la vida del país; que tengan certeza en el mandato que se les da de ir a cumplir con su deber.

En tercer lugar, proponemos que puedan retirarse del servicio activo en un tiempo menor al actualmente exigido dándoles posibilidad de convivir con mayor certeza, cercanía y seguridad con sus familias.

Y en cuarto lugar, quisiera señalar que aquellos elementos que traicionen a la Nación, traicionando al Ejército, sumándose a las filas del crimen organizado deberán de ser sancionados con mayor severidad.

Estas son algunas de las propuestas en las que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hemos venido trabajando y queremos hacer realidad.

Yo conozco el actuar de miles de los miembros de las Fuerzas Armadas. Como Secretaria de Desarrollo Social conviví muy de cerca con el Ejército Mexicano, con los marinos en situaciones de pérdida y desastre natural.

Tuve la oportunidad de hacerlo en Yucatán. Posteriormente enfrentando los daños y terribles consecuencias del huracán Stan, en Chiapas. Ahí me albergaron en un cuartel militar. Ahí pude constatar la gran confianza que los ciudadanos tienen cuando son los integrantes de las fuerzas armadas quienes llegan a sus poblados, quienes reparten los alimentos, quienes dan certeza de transparencia y de rendición de cuentas.

Antes que otros, el Ejército ya estaba ahí. Antes que otros la Marina estaba salvando vidas y estaba arriesgando las propias a favor de los demás.

Es un testimonio que me siento obligada a compartir y hoy también, no solamente a reconocer, sino a difundirlo para miles y miles de mexicanos.

Codo con codo pudimos atender la gravedad que vivían y enfrentaban en ese momento miles de ciudadanos en el estado de Chiapas.

Hoy reconocemos que la tarea que le hemos pedido al Ejército Mexicano no es fácil aunque sí es indispensable.

Vaya nuestro compromiso entonces como Grupo Parlamentario para lograr la legislación más moderna, más certera, con respeto irrestricto a los derechos humanos, pero siempre con reconocimiento y sin duda con gran respaldo a quienes conforman las Fuerzas Armadas en México.

A las familias de nuestros soldados, de nuestros marinos, queremos decirles muchas gracias, porque sabemos que no es fácil particularmente en tiempos recientes poder tener esta disposición, este valor y esta renuncia que tienen que vivir día tras día.

Haremos la parte que nos corresponda y también invitamos y convidamos a todos los ciudadanos a hacernos llegar sus propuestas, de tal forma que con esta corresponsabilidad México sea un México de paz, de estado de derecho, de certeza, que salvaguarde las libertades y que brinde la seguridad que todos nos merecemos.

·                  Los derechos humanos no son negociables

Es verdad que existen alrededor de 450,000 migrantes mexicanos indocumentados en el Estado de Arizona. Es verdad que necesitamos una reforma migratoria que permita a ambos países mejoras para sus ciudadanos y la calidad de vida de sus respectivos connacionales. Sin embargo, es una verdad de fundamental trascendencia el que los derechos humanos deben estar por encima del miedo, pues están fundados en la dignidad de nuestros connacionales; el miedo es uno de sus peores enemigos de consecuencias siempre negativas.

En ese contexto, la iniciativa SB 1070 significa un atentado contra la dignidad humana, un retroceso violento que, de origen, mantiene una carga racista y xenofóbica. Su contenido está cargado de miedo, de violenta distinción del “otro” como ajeno, como una suerte de elemento que hay que cortar, un alien, según se usa en la ley para designar a toda persona que no es ciudadana ni nacional de los Estados Unidos.

La principal consecuencia de dicha iniciativa es la criminalización de los ciudadanos mexicanos.

La historia nos ha enseñado las consecuencias de la criminalización del “otro” fundadas en el grupo étnico, fundadas en la xenofobia. Así el título mismo: immigration; law enforcement; safe neighborhoods contiene un elemento de miedo que asocia a la inmigración con la seguridad de las familias. Estamos ante un problema considerable, en el que México no puede guardar silencio.

La Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos destaca la importancia de las órdenes de aprehensión y cateo llamadas warrants en inglés que, según se anota dan “seguridad a la gente en sus personas, propiedades, papeles y efectos, en contra de búsquedas no razonables”, así su importancia desde la Suprema Corte. La enmienda misma establece que las excepciones a esta regla deben ser contadas “específicamente establecidas y bien delineadas”. La enmienda misma establece a este respecto que los cuerpos policíacos arrestarán sin orden de aprehensión sólo cuando exista sospecha o prueba de que se ha cometido un delito grave felony o un delito menor misdemeanor, cosa que en ambos casos constituye un acto criminal.

Sin embargo, la iniciativa SB 1070 establece una enmienda al artículo 8, inciso E: “… el personal policíaco puede arrestar a una persona si existe causa probable en creer que dicha persona ha cometido ofensa pública que la haga sujeto a ser removido de los Estados Unidos.” Así, discrecionalmente es posible arrestar a cualquier “sospechoso” para que éste sea “removido” como si fuese un mal no deseado, una enfermedad, un objeto.

De la misma forma, se establece que la persona “sospechosa” será culpable del delito de tresspassing o de entrar sin autorización en propiedad ajena por el simple hecho de estar presente en un lugar público o privado, sin portar identificación que acredite su estatus migratorio. En su sección tercera la iniciativa indica que ninguna persona arrestada bajo estos supuestos puede salir libre hasta haber purgado su sentencia, además de que han de cobrársele al menos $500 dólares por gastos de cárcel y el doble de esta cantidad en caso de que sea por segunda vez arrestado por el mismo motivo.

Así, la iniciativa establece que una primera vez el delito será considerado misdemeanor, pero una segunda vez ya lo sube considerablemente a la categoría de felony o delito grave, dentro de cuya clasificación ya se encuentran delitos de la talla del asesinato, la violación o el terrorismo. Esto resulta inadmisible, la iniciativa resulta inadmisible.

¿Qué duda cabe? Los ciudadanos mexicanos en el Estado de Arizona han sido criminalizados bajo una premisa de alto contenido xenofóbico y los derechos humanos fundamentales están siendo violentados de forma sin precedentes.

¿Ola de iniciativas?

Si bien la soberanía de las naciones implica que los países implementen las políticas inmigratorias que se consideren necesarias, aplicándose lo mismo para los estados de la federación norteamericana, estas no pueden ni deben atentar contra los derechos humanos fundamentales.

Las consecuencias de esta iniciativa son considerables, ya aprobada en la Cámara de Representantes del Estado de Arizona el pasado 13 de abril, y por el Senado estatal este pasado lunes 19 de abril, así como la posible promulgación de dicha iniciativa por parte de la Gobernadora del Estado de Arizona, Jan Brewer del partido republicano, considerando las declaraciones de corte discriminatorio que han emitido recientemente miembros de dicho partido.

Así se desprenden de las consecuencias una ola de iniciativas similares para otros estados norteamericanos, en especial de aquellos que son gobernados por el partido republicano. Y desde el Estado de Arizona las consecuencias tienen qué ver con los desplazamientos migratorios que a su vez tendrán consecuencias poco deseables.

La promoción de iniciativas de corte racista debe ser eliminada. Los derechos humanos fundamentales no son negociables y no pueden proscribirse con otras leyes. Es necesario alzar la voz. Es necesario actuar y promover a toda costa la defensa de los derechos humanos fundamentales, de la dignidad de las personas.